Condenaron a 16 años y medio de prisión al hijo menor de una familia vinculada al narcomenudeo, el gremialismo y la política

l_1536225327 Por varias razones, no ha sido un juicio más. Tampoco una condena más. “Esta es la causa de los aprietes y de los falsos testimonios”, resumió un funcionario judicial. Es tan así que hasta hay un testigo que, por miedo, de buenas a primeras desapareció de su casa.

Los propios jueces experimentaron algo fuera de lo habitual el día en que se trasladaron al barrio Constitución de Concordia para llevar a cabo la reconstrucción del crimen que acabó con la vida de un hombre. Las presiones y las mentiras que habían aflorado durante los debates, allí, in situ, se corporizaban en un miedo tan denso que se respiraba en el aire.

Días después de aquel momento vivido en la zona noroeste de la capital del citrus, al tribunal, integrado por los magistrados Carolina López Bernis, María Luján Giorgio y Eduardo Degano, no le tembló el pulso para, de manera unánime, sentenciar a 16 años y medio de prisión a Francisco José Luis Monzón, tras encontrarlo autor del asesinato de Jorge Irineo Leyes, cometido el 26 de Enero de 2018, en Cortada 57 y Yamandú Rodríguez.

El joven, que en ese entonces tenía 19 años, desde atrás, le efectuó varios disparos con arma de fuego a Leyes, lesionándole el páncreas y el riñón. La víctima agonizó durante ocho días y finalmente murió.

Los antecedentes de los Monzón
La labor de la Policía y de la Justicia para investigar lo sucedido y permitir que se llegue a una sentencia debió atravesar infinidad de presiones y toda clase de obstáculos, que fuentes tribunalicias asociaron con las características de la familia del autor del homicidio.

En efecto, los Monzón no sólo son muchos (18 hermanos, uno de ellos fallecido) sino que además tienen visibles ramificaciones en el mundo del delito y de la política y un evidente poder territorial.

El mayor, Ramón Alberto, es un activo afiliado a la UOCRA, considerado por muchos mano derecha del máximo líder del gremio en Entre Ríos. En las PASO se lo ha visto participando de actos de campaña del oficialismo peronista. La Justicia lo condenó tiempo atrás a prisión condicional por dos hechos de abuso y portación ilegítima de armas de fuego de uso civil, en la misma causa donde otro de los Monzón, César Marcelo, también fue encontrado responsable del mismo delito, pero en su caso las armas que llevaba eran de guerra.

Una de las hermanas, Romina Monzón, cayó detenida recientemente, aunque luego fue liberada mientras avanza la investigación. La policía allanó su vivienda donde encontró varios envoltorios de nylon con cocaína, lista para su comercialización. En la misma ocasión, el domicilio vecino de otro militante de UOCRA, Exequiel Ragone, también fue visitado por los uniformados, con idéntico resultado.

A Romina se la vio presenciar algunas audiencias del juicio que condenó a su hermano menor, acompañado de quien sería su pareja, Marcelo Fabián Ledesma, empleado municipal, integrante de la Guardia Urbana, recientemente suspendido luego de que la Policía Federal lo interceptara en la costanera con varias dosis de cocaína.

“Acá nadie vio nada”
Ni bien sucedió el asesinato de Leyes, comenzaron los aprietes de los Monzón, empezando por los vecinos. “Acá nadie vio nada”, ordenaron. Su estrategia de silenciar a todo el barrio dio resultado, al punto que a la Justicia le resultó muy complejo conseguir un testigo que no fuera familiar directo de la víctima.

El clima de tensión en el Constitución por la actitud amenazante de los Monzón para acallar voces que se atrevieran a contar algo llegó a tal extremo que el Ministerio Público Fiscal debió pedir la intervención del Grupo Especial de Infantería, que permaneció apostado en el lugar entre 15 y 20 días para frenar a los Monzón.

Para colmo, el Juez Pablo Garrera Allende, cuando el acusado llevaba 60 días de prisión preventiva, lo dejó salir de la UP3, desoyendo el pedido del Fiscal Fabio Zabaleta para que continuara entre rejas. En la audiencia en la que se pidió la remisión de la causa a juicio, Garrera Allende lo autorizó a volver a su casa, hecho que no contribuyó en nada a la paz social en el barrio ni tampoco fue un mensaje tranquilizador para quienes estaban citados a testificar.

El testigo amenazado, que luego desapareció
Días antes del debate, sucedió otro hecho infrecuente. Uno de los testigos -según terminaría confesándolo ante los jueces- fue llevado al estudio del abogado defensor de Monzón, donde lo presionaron para “dar vuelta” su relato. El fiscal advirtió que algo le pasaba y consiguió convencerlo de que dijera la verdad. “Me apretaron, me llevaron a lo del abogado”, confió a los jueces.

Lo más grave es que cuando se hizo la reconstrucción del hecho en el barrio, este testigo había desaparecido del mapa. Hacía dos o tres días que se había ido de su casa, dominado por el miedo y con paradero desconocido.

Otro dos que testificaron en la causa dijeron que uno de los hermanos Monzón, César, fue a presionarlos a su casa. El tribunal dio intervención al fiscal en turno para que investigue la comisión de presuntas “amenazas coactivas”.

Falsos testimonios a diestra y siniestra
Además de los aprietes, también abundaron los falsos testimonios. La defensa presentó supuestos testigos que decían haber visto que la víctima fatal, Leyes, había disparado primero y que Francisco Monzón ni siquiera estaba en el lugar de los hechos sino en San Salvador, trabajando. Pero, durante el debate, la verdad salió a la luz y a todos esos testigos truchos el Tribunal les inició acciones por “falso testimonio”.

Sobreponiéndose a todas estas maniobras que intentaron impedir la condena, los magistrados, en forma unánime, encontraron a Francisco Monzón autor del asesinato de Jorge Irineo Leyes y lo condenaron a 16 años y medio de prisión.

Claro que, apelación mediante ante la Cámara de Casación, la pena quedó en suspenso. Los jueces autorizaron al condenado a continuar con el beneficio de la prisión domiciliaria, aunque acrecentaron los controles y lo obligaron a usar una tobillera electrónica. En tal situación permanecerá hasta que Casación dictamine, de no mediar ninguna otra circunstancia que cambie el curso de los acontecimientos.
Fuente: El Entre Ríos – Osvaldo Bodean

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