
Si bien los procesos involucraron a distintos afiliados —niños, adolescentes y adultos con diversas patologías con discapacidad— los tribunales dejaron en claro que no se trata de soluciones aisladas, sino de un criterio judicial general: la modalidad de reintegro resulta arbitraria e ilegítima cuando se convierte en una barrera económica que impide o dificulta el acceso efectivo y oportuno al tratamiento prescripto.
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