El intendente, Enrique Cresto separó de su cargo a un alto funcionario de la Dirección de Tránsito de Concordia que fue acusado por un joven empleado de acoso sexual en el ámbito laboral, hasta tanto se resuelva su situación procesal. La denuncia, fue realizada este lunes en sede policial y tramita en la fiscalía del Doctor Mauro Jaume.
En su descargo, la presunta víctima, recientemente incorporado a la repartición municipal, deja constancia que el superior le pidió – entre otras cosas – que pase por su domicilio particular para “hablar de trabajo”, y una vez allí le remarcó su “poder como autoridad”, le habló de “mejoras laborales y económicas” a cambio de “pasar un rato con él a su habitación”, y, por el contrario, lo amenazó con “terminar la amistad” si no accedía. A su vez, circulan diferentes audios grabados por el denunciante al día siguiente del hecho, donde el denunciado le pide disculpas e intenta de varias maneras excusar su comportamiento.
Según se supo, el Director de Tránsito ya fue reemplazado por quien hasta el lunes era Subsecretario de Gobierno de la comuna, Matías Olivares, y la causa está siendo investigada bajo la figura de abuso sexual simple. No obstante, los hechos textuales y datos personales de los involucrados queda en reserva, hasta tanto no haya una firme imputación.
Cargos jerárquicos, Estado y Abuso de Poder
Al respecto, la doctora María de los Ángeles Petit, Coordinadora de Proyectos Estratégicos de la intendencia y especialista en casos de violencia, se manifestó sobre esta situación y puntualizó en la cantidad de casos donde se utilizan los cargos jerárquicos en el ámbito público y privado, para ejercer poder sobre las víctima.
“Como es ya una decisión del Departamento Ejecutivo Municipal cada vez que hay este tipo de denuncias y que son receptadas por Fiscalía, el intendente Cresto tomó inmediatamente la decisión de separar del cargo al funcionario apenas se puso en conocimiento de la acusación formal, y quedó a la espera de la resolución judicial”, explicó Petit.
“Al ser una denuncia de un presunto abuso en el contexto laboral, su resolución no va a ser inmediata sino que seguramente la Fiscalía a cargo va a realizar una investigación con respecto a lo que dice la supuesta víctima. Y digo ‘supuesta’ porque hasta que no esté demostrado el hecho, no se puede afirmar nada a favor de ninguna de las dos personas involucradas”, dijo Petit, y aclaró: “en todo caso, el Fiscal evaluará si existe delito o puede encuadrarse en una violencia laboral, donde se ofrece un trabajo a cambio de sexo”
En ese sentido, remarcó la abogada, “lo que sí me parece importante destacar es que aquí se da una característica que – aunque no quizás con la gravedad que sucede en este caso puntual, pero sí en muchos casos de denuncias por violencia dentro del ámbito laboral – es la utilización del poder público. El poder de la autoridad que le confiere ser superior y tener personal a cargo, pero que a través de esa autoridad ejerce diferentes tipos de presión contra otros y utiliza para ello los recursos administrativos que les da el estar en una posición de superioridad frente a otra, en este caso, un trabajador”, señaló.
“Esto se ve en casos en los que yo por ejemplo he tomado intervención directa como es la del intendente de Estancia Grande, Javier Goldin, que fue encontrado responsable de violencia laboral en contexto de género, digamos, porque en este caso la víctima era una mujer y se trataba de una persecución política ideológica y no por acoso. Pero también hay otras como la que involucra al intendente de Crespo, donde también se encontró responsable al municipio por una serie de hechos relacionados al acoso sexual, producido por un director de la municipalidad”
Violencia en todos sus conceptos
Por ello, “creo que eso es lo que marca la importancia que debe tener el análisis, sobre todo para el Estado, de los casos de violencia en el ámbito laboral. Y no solamente de violencia sexual o física, sino, las distintas clases de violencia que pueden existir dentro del ámbito laboral”, insistió la abogada.
Por último, Petit recordó que “en el año 2019 Argentina firmó el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un convenio innovador en cuanto al reconocimiento de las consecuencias que tiene la violencia laboral. No solamente la violencia de género, es decir, la de un hombre contra una mujer, sino también la de dos personas del mismo sexo dentro del trabajo, y la incidencia que tiene eso sobre las relaciones laborales y sobre la productividad. En el 2022 se aprueba la ley que convalida la adhesión a ese convenio que firma tanto el Estado argentino como la Confederación General del Trabajo, y es un tema que debe estar presente en toda tarea de prevención de la violencia dentro de los ámbitos laborales, tanto público como privado”, concluyó.
Diario Junio