El delegado del Ministerio de Trabajo, Guillermo Peñalver, confirmó que el sábado pasado, presentó una denuncia por reducción a la servidumbre en Tribunales al fiscal en turno, Aníbal Lafourcade. La misma se debe a las condiciones de hacinamiento en lugar de alojamiento de 60 cosecheros jujeños. Estaban viviendo en un inmueble de cuatro ambientes en condiciones “infrahumanas” ubicado en la localidad de Calabacilla. Los propietarios de la finca son de Buenos Aires.
El jueves pasado, mientras Trabajo hacía inspecciones a los aserraderos de la zona, detectaron cerca de 180 personas manifestándose en el playón de la Comisaría de Calabacilla. De los 180, 115 trabajan en otro lugar de la zona. “Ahí los contratistas prometieron arreglar la situación”, indicó. Pero, al día siguiente, Peñalver dialogó con el Jefe de Policía para coordinar una visita al lugar.
Los trabajadores llegaron a Concordia desde Jujuy. Peñalver indicó que el año pasado traían gente de Santiago del Estero. “Se ve que los pseudos contratistas van cambiando de provincia. ‘Queman’ una provincia y recurren a otra”, señaló. Peñalver indicó que los cosecheros fueron contratados por un “tal Aguirre” y un “tal Arjona”. “Son pseudos-contratistas. No nos imaginemos una empresa con un lugar físico, son personas que van y reclutan gente”, dijo.
“Dormían en un inmueble de cuatro ambientes”, puntualizó. Las fotografías anexadas al expediente son reveladoras respecto de la imposibilidad de que puedan pernoctar en esa vivienda. “Por los metros cuadrados sería imposible que 60 personas quepan en ese domicilio”, señaló. De hecho, algunos tenían que dormir a la intemperie, acostados en colchones tirados en el pasto.
Además Peñalver, junto al delegado del ministerio, Horacio Guattini, abrieron un freezer que estaba apagado y del que emanaba un olor “fétido terrible”. Asimismo, había un baño en el interior de la vivienda y otros dos afuera pero que despedían los líquidos cloacales a “centímetros” de los mismos, cerca de la casa.
Por otra parte, indicó que los trabajadores no se quejan de las condiciones en las que viven sino de que el pago que reciben no corresponde a lo que se les había prometido. En ese sentido, acotó que llegaron con la ilusión de ganar $ 500 cosechando 30 bandejas por día, más vivienda y comida. Pero se encuentran con que no llegan a la decena de bandejas y ni a cubrir el jornal mínimo. Y a eso hay que añadirle que la comida sale de su magro salario. “Vienen engañados. Si a esta gente se les cumple lo que se les promete, seguramente no se quejaría ni tomaría medidas de fuerza contra los contratistas”, expresó.
Al mismo tiempo, el delegado del ministerio explicó que en las localidades aledañas a Concordia no hay ninguna reglamentación vigente acerca de la forma en que debe otorgarse el alojamiento. “Por lo tanto, es tierra de nadie. Eso es lo que deberían hacer los intendentes del departamento: hacer una reglamentación y habilitarlos de antemano a cada galpón donde se vaya a alojar la gente para que estén las condiciones mínimas”, dijo.
En cambio, en Concordia, desde 2009 existe una ordenanza que establece que “toda empresa que tenga por objeto el cultivo de arándanos, citrus o cualquier actividad que requiera de mano de obra intensiva y temporal que pretenda utilizar los servicios de personas no radicadas en la ciudad de Concordia, deberá denunciar ante esta Municipalidad, el lugar donde residirán estos trabajadores».
En el artículo 2º se señala que los hospedajes deberán contar con “la infraestructura adecuada para este fin; habitaciones iluminadas y aireadas, sanitarios y mobiliario en cantidad y calidad acorde con la cantidad de personas a hospedar”.
Por último Peñalver destacó la predisposición de la secretaria de la Fiscalía, Daniela Montangie, y del fiscal Lafourcade para tomarle la denuncia por reducción a la servidumbre, un delito que contempla penas de entre 4 y 15 años.
