El Dr. Aníbal Lafourcade brindó precisiones sobre la investigación que tienen a Luis Mazurier como principal imputado. Anticipó que en la misma causa habrá “más imputaciones a otras personas”.
En declaraciones al programa “Ruidos Molestos” (Oíd Mortales Radio), el letrado dedicó un párrafo especial a «la falta de recursos humanos y técnicos en el Ministerio Público Fiscal”, y por otro lado a “la burocracia que ha hecho que se retarde” -durante años- la causa judicial.
Ejemplificando que estuvo cerca de cuatro años «lidiando contra la burocracia nacional para poder hacerme de una información”. Detallando que “libré un oficio a CTM en el año 2010 y recién me contestan con parte de la información el 17 de octubre de 2014”.
Ya superado eso, explicó que “con la evidencia que ha logrado juntar la fiscalía, se ha logrado señalar cuatro hechos – donde se imputan a diferentes personas – con una acusación primigenia”, la mayoría de esos actos sindicados al ex presidente de la CODESAL, Luis Mazurier, a quien puntualmente se “le imputan cuatro hechos y mientras que a otras dos personas, se las sindica bajo la figura de partícipe necesario”, tal el caso de Cintia del Rosario Mengeon y Alberto Jesús Villanueva..
Entre los delitos que se investigan, se nombran “peculado, administración fraudulenta y abuso de autoridad en cumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Otras personas
Lafourcade también anticipó que la causa derivará en breve en nuevas imputaciones a otras personas, las cuales aparecen implicadas “por hechos similares y por las participación que les cabe”, en todas estas maniobras presuntamente fraudulentas.
El funcionario judicial se excusó en brindar mayores precisiones sobre este punto, explicando que los primeros notificados e informados deben ser aquellas personas que se verán salpicadas por el avance de la investigación.
Inhibición
Dentro del avance de la causa, últimamente fueron inhibidas en sus patrimonios las personas imputadas. Según lo explicó el propio fiscal, eso responde al pedido de la propia repartición, tendiente a aplicar “medidas restrictivas” y evitar que los acusados pudieran llegar a vender sus bienes. Lo que conlleva la posibilidad de “recuperar dinero, una vez que se pueda determinar cuánto dinero le faltó al Estado”. Aclarando además que en esta causa «no hay peligro de fuga ni entorpecimiento por parte de los imputados y por eso no pido la prisión preventiva”,
Personal
Por último, Lafourcade aseveró que “esta investigación la llevé adelante personalmente”, dado que “no hay recursos”. Apuntando a que la instrumentación de un repartición judicial, específicamente creada para investigar delitos de la administración pública está contemplada en la constitución provincial. Sin embargo aún no se ha reglamentado y mucho menos creado.
Diario Río Uruguay
