Este jueves, en el segundo piso de los tribunales de Concordia, tiene lugar la exposición de los alegatos, último paso del debate oral y público en la causa caratulada “MAZURIER, LUIS ALBERTO y OTROS s/PECULADO”, legajo número 6338/10.
El fiscal del caso, José Emiliano Arias, tras fundamentar la acusación, pidió que se condene a Luis Mazurier, expresidente de la Codesal (Corporación para el Desarrollo del Lago de Salto Grande), a 11 años de prisión y a inhabilitación “absoluta perpetua”, como “autor material” del delito de “peculado de bienes” (3 hechos), en “modalidad continuada”, en concurso real con los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y “peculado de servicios”.
Arias también solicitó condena de 5 años de cárcel para Alberto Jesús Villanueva y para Cintia del Rosario Mengeon, al considerarlos “partícipes necesarios” del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Al concluir su alegato, el fiscal también pidió al tribunal que se disponga la inhibición general de bienes no sólo de Luis Mazurier, Villanueva y Mengeon, sino también de las empresas Balace SRL y Fideinsa SA.
Por otra parte, el fiscal solicitó la absolución de las contadoras María Florencia Lauria y Teresita Jesús Itatí Bordón, también inicialmente imputadas en la causa.
La llamada “Causa Codesal – Hotel Ayuí” se inició en 2010. La investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal considera haber reunido pruebas suficientes para asegurar que Luis Mazurier se apropió del dinero que ingresaba a las arcas de la CODESAL por la explotación de diversos complejos bajo su administración, a la par que pergeñó una maniobra fraudulenta que le permitió quedarse con el Hotel Ayuí, apelando a testaferros.
Mazurier, director del Diario El Sol de Concordia, llegó a la presidencia del organismo provincial CODESAL (creado para administrar el perilago de Salto Grande) por designación del entonces gobernador Jorge Pedro Busti y de quien era su ministro de gobierno, Sergio Daniel Urribarri. Permaneció en el cargo hasta las primeras semanas del año 2016, cuando fue desplazado por el recién asumido gobernador Gustavo Bordet.
Entre los testigos que expusieron durante el debate oral, sobresalió el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes. El funcionario sostuvo, en una ponencia vía streaming, que el gobierno de Entre Ríos nunca recibió formalmente de manos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande el Hotel Ayuí, postura que contrasta con dictámenes del organismo nacional según los cuales hubo un traspaso automático del complejo turístico una vez que finalizara, en el año 2012, la concesión a la empresa Balace SRL.
Arias cuestionó con fiereza los dichos de Rodríguez Signes, al asegurar que el funcionario provincial se apartó de la verdad. Dijo que Fiscalía de Estado no cumplió con su misión y que se volvió un eslabón en la cadena de corrupción.
Fuente: El Entre Ríos.
