La Cámara de Diputados protagonizó anoche un fuerte debate en torno al proyecto de ley destinado a regular el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, iniciativa ampliamente resistida por legisladores de distintos bloques por considerar que será la antesala para la legalización del consumo de la marihuana. La iniciativa finalmente se convirtió en ley con 155 votos positivos, 56 negativos y 19 abstenciones.
La norma promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena. En lo que respecta al cannabis medicinal, el objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.
En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
La ley contempla también la creación de una agencia reguladora, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas. Este artículo fue otro de los artículos resistidos por varios legisladores por considerar innecesario aumentar la burocracia del Estado. La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), el nuevo organismo a crear, tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.
“Más de 25.000 productos se hacen con cáñamo y cannabis. Por eso es tan importante esta ley, porque hoy nace una nueva industria en Argentina”, exaltó la diputada Mara Brawer, del Frente de Todos.
Desde Juntos por el Cambio, el diputado Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, aclaró que este proyecto “no es una carta blanca ni para el consumo, ni para el narcotráfico”. “Es simplemente iniciar una etapa en la Argentina donde se legaliza lo que es la producción que hoy hacen miles y miles de mamás para sus hijos”, indicó Buryaile, quien justificó la necesidad de la ley ante la falta de control en la producción del aceite de cannabis.
El legislador agregó que esta iniciativa complementará la ley 27.350, sancionada en 2017, que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del cannabis medicinal y sus derivados. “Sin embargo, esta norma era insuficiente para llegar a la sociedad, paso que pretendemos dar hoy. Estamos estableciendo que las etapas de producción y comercialización con fines terapéuticos estén contempladas en la ley, cosa que no sucedía hasta hoy”, enfatizó.
Contra la legalización
En la vereda contraria, legisladores de distintos bloques advirtieron que esta ley sería la puerta de entrada a la legalización del consumo de la marihuana y de otros estupefacientes. “El Estado no tiene políticas de combate de la droga ni de las adicciones. En ese marco venimos a poner un nuevo commodity bajo el ropaje del cannabis medicinal. Queda claro que lo que viene después es la legalización de la marihuana”, alertó la diputada Graciela Camaño, del interbloque Federal.
El diputado Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, coincidió con Camaño. “El cannabis tiene efectos positivos, pero que tiene enormes efectos negativos, perjudiciales para la salud de la población”, enfatizó el rionegrino, quien cuestionó que se haya incluido, en una misma ley, al cannabis medicinal y al cáñamo industrial, cuando son productos con características diferentes.
“Con esta ley se legaliza un nuevo tóxico legal, que es la marihuana. Será el primer paso para que luego se avance en la legalización de la cocaína, de las pastillas, de todo aquello que narcotice al pueblo, todo esto financiado por las grandes multinacionales, interesados en desarrollar la producción del cannabis como punta de lanza para el ingreso de drogas a nuestro país”, advirtió.
En tanto, la diputada Paula Omodeo, de Juntos por el Cambio, advirtió esta iniciativa “tiene problemas de fondo de forma y procedimiento”. “Esto no quiere decir que estemos en contra del uso del cannabis medicinal, lo que nos preocupa es que en más de 12 artículos se deja un vacío legal”, sostuvo. Señaló, por caso, que se delega en el Poder Ejecutivo el porcentaje de THC que debe tener el cáñamo y el destino que debe tener el eventual excedente que se genere en la producción.
Otros diputados, entre ellos el radical Martín Tetaz, cuestionaron que, en plena crisis económica y auge del empleo estatal, se sancione una ley que crea un nuevo organismo público. Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, este proyecto tendrá un impacto fiscal de $150 millones; de ese monto, $90 millones serán destinados a pagar sueldos.
Fuente: La Nación – Laura Serra
