Este lunes allanaron una armería y ya son siete los detenidos. Dos son empleados judiciales: Maximiliano Bertoni y Antonio Vitali. La maniobra consistía en revender armas y municiones incautadas por la Justicia.
Entre el jueves y ayer son quince los allanamientos realizados, si se incluye y se toma como tal el despliegue efectuado el viernes pasado en el mismo Palacio de Tribunales, dentro de los depósitos de armas bajo responsabilidad de la Justicia.
El último procedimiento efectuado tuvo lugar en la armería La Nueva, en calle Tibiletti, casi avenida Zanni de Paraná. En este sentido habría quedado en claro que no se le objetaba ni a la firma mencionada ni a su responsable alguna acción reprochable, pero se necesitaba comprobar documentación de una serie de encargos de trabajos específicos que corrían a costas de los fondos de la Justicia.
Incluso habría trascendido extraoficialmente que al momento existiría una deuda del área contable de Tribunales para con la armería, por trabajos o materiales que les habrían sido requeridos por algunos de los empleados judiciales que se encuentran bajo estado de sospecha en la causa de marras.
Versión
Por otra parte se investiga una versión que hablaría acerca de que para algunos trámites con armas, entre Tribunales y la armería, habría oficiado de «mandadero» el empleado que revistaba servicios en el departamento Médico Forense, incluso, si era o no verdad que para esos trámites se utilizaba la camioneta «morguera» perteneciente al área específica de Tribunales.
Por cierto que esos detalles de interés de la investigación no se hicieron públicos debido a que aún permanece vigente el secreto de sumario instaurado por el fiscal Ignacio Aramberri.
Mientras tanto, son siete las personas que permanecen vinculadas a la causa, algunas de las cuales están alojadas en la Alcaidía de Tribunales y otras han logrado el beneficio de la prisión domiciliaria.
La Justicia, a través del juzgado de Garantías del doctor Eduardo Ruhl, y por expresa solicitud del fiscal Ignacio Aramberri continúa analizando la presunta participación de dos empleados judiciales: Maximiliano Bertoni, con desempeño en el departamento Médico Forense y del licenciado Antonio Vitali, Perito Balístico del Superior Tribunal de Justicia.
Asimismo investiga la relación que tendrían los civiles de apellidos López Alonso, Brites –padre e hijo- , Borgogno y una mujer de apellido Vega, a la cual se le allanó la vivienda el sábado último, y que habría intentado ocultar un arma de calibre 32 que le pertenecería a su hermano, siendo que se sospecha que era parte de una negociación inconclusa.
Si bien la investigación se inició bajo sospechas del presunto delito de venta ilegal de armas, penalizado por el artículo 189 del Código Penal, desde el juzgado interviniente se habrían recaratulado las actuaciones, individualizando y analizando la presunta participación de cada uno de los actores.
Cómo se descubrió la maniobra
Esta causa se inició a mediados de febrero de este año, luego de que en sede de comisaría cuarta cayera detenido un sujeto con antecedentes, a quien se le secuestró un revólver, el cual por ciertas características resultó llamativo, ante la mirada analítica de quienes están acostumbrados a manipular armas.
La idea de que ese revólver ya había pasado por esa comisaría y que, tras ser secuestrado en otra ocasión había sido derivado a la Justicia como prueba de delito dejó de ser un interrogante anecdótico y se transformó en un informe formal que llegó a manos del Fiscal que hoy coordina la investigación.
Sin pérdidas de tiempo, el fiscal Aramberri solicitó al jefe de la División Robos y Hurtos, Carlos Schmunk, el seguimiento de la causa, sin imaginarse quizá que era la punta del ovillo que llevó a una caja de Pandora que sigue día a día dando sorpresas.
Actuaciones disciplinarias a empleados judiciales
El Superior Tribunal de Justicia resolvió iniciar actuaciones disciplinarias a los imputados por la supuesta comercialización de armas depositadas en Tribunales
La resolución se tomó anoche, en la reunión de Acuerdo Especial mantenida en el edificio de calle Santa Fe, donde el Superior Tribunal conoció oficialmente de la situación procesal de los presuntos involucrados.
