La estimación partió del Ministerio de Gobierno de la provincia. La Cámara de Diputados somete a debate proyectos de ley para que la revisión técnica de los vehículos sea una realidad en Entre Ríos.
«Por línea de verificación se estima una inversión de entre 800 mil y un millón de pesos. Dado el parque automotor existente en Entre Ríos, se calcula que la inversión mínima inicial tendría que ser de 13 millones de pesos». Tales los cálculos del presidente de la Comisión de Comunicaciones, Energía, Transporte, Comercio y Asuntos Internacionales, el diputado Joaquín La Madrid.
El legislador de Cambiemos propone que se busque «un esquema mixto para implementar la verificación vehicular».
La Madrid, en diálogo con la periodista Alejandra Sánchez de El Diario, explicó en qué instancia se encuentra el análisis de las dos iniciativas que sobre verificación técnica vehicular se encuentran en la Comisión que preside. Una es la del exsenador Natalio Gerdau, que prevé concesionar el servicio a partir de un llamado a licitación, y la otra de la diputada Rosario Romero, que pone en manos del Estado esa responsabilidad.
Los diputados han decidido enriquecer el análisis con los puntos de vista de personas que, por su formación o bien por los organismos en los que se desempeñan, están en condiciones de hacer un aporte. Han concurrido a la Comisión, el decano de la UTN Regional Paraná, Omar Berardi, y la semana pasada lo hicieron Eugenio González, coordinador administrativo del Ministerio de Gobierno; Mauricio Giles, de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de la provincia; y Eduardo Acosta, de la carrera de Accidentología Vial de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Números
Alrededor de 13 millones de pesos de inversión inicial, un parque automotor en Entre Ríos de 476.000 vehículos y 20 minutos como tiempo aproximado que lleva verificar un vehículo, son datos recientemente incorporados al debate. También, que el promedio nacional del costo al público de la verificación es de 500 pesos. En Santa Fe, cuesta 600 pesos.
«Lo que informaron especialistas del Ministerio de Gobierno es que una línea para la revisión -una especie de línea de montaje por donde va pasando el vehículo- cuesta entre 800 mil y un millón de pesos, y hacían un cálculo grueso de 13 líneas en la provincia para arrancar» con el sistema obligatorio de verificación técnica vehicular, repasó el legislador.
Tomando a Santa Fe como un parámetro para comparar, se indicó que en la vecina provincia hay más de 20 líneas.
Otra inquietud es el modo de ponerlo en práctica porque «hay que tener en cuenta que no se puede implementar la verificación técnica vehicular para todo los vehículos de un momento para otro. Habrá que hacerlo paulatinamente para evitar el cuello de botella que generarían más de 400 mil vehículos. Materialmente es imposible hacerlo para la totalidad del parque» a partir de un mismo momento.
Evalúan que «habría que ir avanzando poco a poco con los modelos más antiguos para tender a lo óptimo que sería verificar todos los años hasta un modelo de dos años de antigüedad».
Asociación público privada
«Hay interés de la Comisión en la VTV y por eso el tema está puesto en agenda», ratificó el diputado La Madrid, quien a partir de la novedad, en cuanto a montos de la inversión, no descarta vincularlo con otro proyecto de ley que es de su autoría: Asociaciones público privadas (APP). Se trata de «un esquema mixto donde se puedan establecer participaciones del sector público y de inversión privada para quitarle el peso financiero al Estado provincial, que está en una situación compleja», sintetizó el legislador.
Aclaró que no está completamente descartado que el Estado provincial financie el sistema de verificación. «Por ahora se recibió la opinión del Ministerio de Gobierno, la preocupación por el costo inicial y que el Estado provincial, en este momento, no está en condiciones de afrontarlo. Como legisladores, la pretensión es que la ley no sea letra muerta por lo tanto no tendría sentido emitir un dictamen a sabiendas que no tendrá aplicación», por eso la intención de procurar alternativas.
En concreto, los diputados acordaron estudiar un esquema público-privado para la puesta en marcha de la verificación técnica vehicular. De este modo, se impulsa que la provincia de Entre Ríos se incorpore a las demás jurisdicciones argentinas que exigen este procedimiento en vehículos que transiten las rutas nacionales.
La Madrid sostiene que «lo que hay que buscar son soluciones diferentes de lo tradicional». Y argumenta a favor de esa idea al analizar que «el Estado tiene que velar por los intereses de los ciudadanos, y a la vez, no tiene el financiamiento para hacerlo, pero puede encontrar esquemas donde el sector privado genere un flujo de fondos incluso que permitan el repago de esa inversión, no con una visión recaudatoria sino de tasa, el cobro por un servicio prestado. Lo que buscamos es que sea una contraprestación de un servicio» explicó, al relacionar la posibilidad de implementar la VTV a partir de aplicar el modelo APP.
Argumenta que muchos kilómetros recorridos en rutas de la provincia le permiten afirmar que es significativa la cantidad de vehículos que no están en condiciones de transitar. «Habrá que prever también algún mecanismo de financiación para la reparación de vehículos porque hay mucha gente que lo utilizan como medio de vida y entonces tampoco se lo podemos quitar. Pero a la vez, -insiste- hay que ser responsables con el resguardo de la seguridad».
Suspicacias
Emprendimientos conjuntos de los sectores públicos y privados no dejan de generar suspicacias. «Corrupción puede haber en cualquier esquema porque los problemas no son los esquemas sino las personas. Y la corrupción existe tanto en el Estado como en las empresas. No me asusta que el privado haga negocio, quiere decir que hay un flujo de fondo futuro que hace que se repague esa inversión en términos económicos. En concreto es: ´esto funciona, entonces genero una empresa, doy empleo, le doy un servicio a los ciudadanos y el Estado participa con diversos esquemas, diversificando el riesgo y sin necesidad de poner toda la plata, de modo que podría asignarla a las responsabilidades que tiene en materia de salud, justicia, educación y seguridad», reflexionó La Madrid.
Joaquín La Madrid es autor del proyecto de ley de asociación público privada que ayer se trató en la Comisión de Legislación General y que al decir de su autor «fue visto con beneplácito» por sus pares.
«La iniciativa tiene 134 artículos, contempla desde lo más conceptual hasta lo mas particular, la resolución de conflictos, la iniciativa pública, la privada, el formato de los contratos», entre otros aspectos detalló el diputado. Recordó que por febrero, marzo, presentó la propuesta al gobernador y también al ministro de Economía que lo vieron con buenos ojos, al tiempo que no ha tenido cuestionamientos de fondo en la Comisión. «Es una idea que está por implementarse en la Argentina. El Senado de la Nación actualmente está tratando un proyecto del Ejecutivo; hay un proyecto en Diputados autoría del santafesino Luciano Laspina, con quien formamos un equipo de trabajo sobre las APP. Es un proyecto que viene trabajándose hace tiempo y que ha recibido la opinión técnica de los principales interesados, tales como la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, la Asociación de Bancos, la Uocra. Opiniones de diversos sectores porque buscamos que sea un proyecto aplicables a la realidad», fundamentó.
Esta iniciativa, respondió, «justamente viene a cubrir necesidades de financiamiento. Genera un marco jurídico de certidumbre para una necesidad de financiamiento como es principalmente la infraestructura, la obra pública, servicios que se podrían ampliar pero que el Estado no puede hacerlo, como podría ser la verificación técnica vehicular», ejemplificó.
Fuente: El Diario
