La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una nueva crítica contra los lineamientos del proyecto de Reforma Previsional presentados por el Gobierno provincial. A través de un comunicado, el sindicato calificó la iniciativa como un «ajuste retrógrado» y advirtió que la implementación de estos cambios significaría una pérdida directa de derechos adquiridos para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública.
Los puntos críticos: base de cálculo y movilidad
Uno de los ejes que mayor resistencia genera es la propuesta de ampliar la base de cálculo a 30 años de servicios. Para el gremio, esta medida no solo es de una «alta complejidad técnica», sino que traerá consecuencias legales inmediatas.
• Riesgo de litigiosidad: ATE advierte que reconstruir tres décadas de remuneraciones «derivará en un incremento de errores administrativos, conflictos y una ola de litigiosidad judicial».
• Poder adquisitivo: El sindicato cuestiona el reemplazo de la movilidad por cargo por un sistema basado en índices, asegurando que esto provocará «una caída real en el poder adquisitivo de los pasivos».
Denuncia de «recaudación en la desgracia»
El comunicado dedica un apartado especial a la situación de las jubilaciones por invalidez y las pensiones. Según ATE, el proyecto pretende reducir la tasa de sustitución a valores de entre el 50% y el 70%.
“Se pretende recaudar en la desgracia. La continuidad de los aportes en casos de pensión e incapacidad podría terminar convirtiendo a los hijos en deudores de los aportes de sus padres”, denunciaron desde el gremio, haciendo referencia a la obligatoriedad de seguir realizando aportes incluso cuando la discapacidad impida trabajar.
Impacto en docentes y regímenes especiales
La reforma también alcanzaría a los regímenes diferenciados. ATE alertó sobre la posible eliminación del cómputo docente para quienes no alcancen los 25 años frente a alumnos. Esto, según el análisis sindical, “obligaría” a muchos trabajadores a jubilarse bajo el régimen general (60 años de edad y 35 de servicios), alterando las condiciones de quienes ya están en carrera.
Financiamiento: ¿Quién debe pagar el déficit?
Finalmente, el gremio mostró su preocupación por la «discrecionalidad» que tendría el Poder Ejecutivo para fijar topes transitorios a las jubilaciones más altas sin una ley que los regule. Ante este escenario de ajuste, ATE lanzó una propuesta alternativa para sanear las cuentas de la Caja de Jubilaciones:
• Propuesta gremial: Que el Estado recurra a los «sectores económicos con mayores ganancias» para financiar el sistema, en lugar de afectar el bolsillo del trabajador. No obstante, el comunicado no especifica qué sectores productivos o financieros deberían ser alcanzados por este nuevo esquema de aportes.
“Que no nos pase con la Caja lo que nos pasó con Iosper”, sentenció el gremio al cierre de su misiva, apelando a la memoria histórica de los trabajadores estatales entrerrianos respecto a la obra social provincial.
Fuente: APF Digital
