Así se supo a partir de la elevación a juicio de la llamada «causa de la vaca», la primera que involucra al exgobernador. Más de 40 órdenes de publicidad oficial habrían sido «direccionadas» a una empresa familiar.
Los delitos que se les imputan van desde negociaciones incompatibles con la función pública, a fraude, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, más falsificación de documentos públicos.
Esta causa, conocida en ámbitos tribunalicios como «la causa de la vaca», fue abierta en septiembre de 2016, cuando la fiscal Patricia Yedro firmó el auto de imputación contra los funcionarios y empresarios. El legajo está caratulado «Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos».
La pesquisa judicial arrancó sobre un puñado de 46 órdenes de publicidad emitidas por la gestión Báez-Urribarri y que, se sospecha, habrían sido «direccionadas» a la empresa de un familiar de Urribarri, que fueron aprobadas por funcionarios del gobierno «simulando» que la empresa contratada cumplía con lo que se le exigió e incorporando en los expedientes de publicidad fotografías repetidas, lo que, dijeron los fiscales, constituye «falsedad ideológica».
Además de Urribarri, Aguilera, Báez y Gustavo Tamay (responsable de certificación de publicidad en la vía pública), fueron imputados los empresarios de la empresa Tep SRL: Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena y Luciana Almada (pareja de Aguilera) y Alejando Almada (a quien recientemente le incautaron $374 mil en un procedimiento de la Policía Federal); además, se imputó a la contadora de la firma, Corina Cargnel; y más tarde quedaron bajo la lupa los empresarios José María Bustamante (Paraná) y Fernando Montañana (Concepción del Uruguay). La firma Tep SRL es la que se le adjudica como propia a Aguilera. El 28 de diciembre, cuando se presentó a declarar ante los fiscales Yedro y Gonzalo Badano, el cuñado de Urribarri negó que sea de su propiedad.
Las penas solicitadas por la fiscalía son: para Urribarri, Aguilera y Báez, 8 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para Cargnel, Bustamante y Montañana, 6 años de prisión de cumplimiento efectivo; para Tamay, 6 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; y para los hermanos Almada, Giacopuzzi, Sena, solicitaron 4 de prisión de cumplimiento efectivo.
