El juez Funes Palacios rechazó la apelación interpuesta por el exfuncionario pero limitó la inhibición a 5 meses. Consideró «verosímil» la denuncia del Fiscal, aunque lamentó que no cuantificara el presunto perjuicio al Estado.
Los tribunales de Concordia fueron escenario de un nuevo capítulo de la causa judicial que tiene al exfuncionario provincial Luis Mazurier como principal imputado por los delitos de «peculado», «administración fraudulenta», «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «abuso de autoridad».
El Fiscal del caso, el Doctor Aníbal Lafourcade, acusó a Luis Mazurier por cuatro hechos, que habrían derivado en la apropiación del Hotel Ayuí -propiedad del Estado Nacional- y de los fondos recaudados durante 11 años por la CODESAL, un organismo público provincial que depende del gobernador de Entre Ríos y que tiene bajo su responsabilidad administrar las termas del Perilago y el camping La Tortuga Alegre.
El martes último por la mañana, Mazurier, acompañado de sus defensores y de otro de los imputados, Alberto Jesús Villanueva, concurrió a una audiencia ante el Juez Alberto Funes Palacios para apelar la «inhibición general de bienes» que pesa en su contra, ordenada por el juzgado de garantías del Doctor Darío Perroud. Pero la suerte le fue esquiva: La apelación fue rechazada.
Tras un cuarto intermedio hasta este miércoles por la mañana, la audiencia se reanudó y llegó a su punto culminante cuando Funes Palacios, tras exponer durante aproximadamente media hora, resolvió «mantener el resolutorio del Juez de Garantías de fecha 10 de Julio de 2017 -es decir, la inhibición general de bienes-, limitándola por el plazo de 5 meses».
El magistrado consideró que «es un tiempo razonable y prudente -los 5 meses- para que el Ministerio Público Fiscal pueda determinar o establecer de forma plausible», aunque no sea «una determinación precisa», cuál habría sido el presunto «perjuicio económico ocasionado al Estado» por Mazurier, en el período en que estuvo al frente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande, designado por el ex gobernador Jorge Busti y el entonces ministro Sergio Daniel Urribarri.
Tal cuantificación, dijo Funes Palacios, «va a hacer mucho más plausible que aparezca en el horizonte de lo posible el levantamiento de la medida con ofrecimientos de las partes». O sea, sugirió que Mazurier ponga a disposición de la Justicia bienes por un valor equivalente al defalco que se le endilga para que se pueda poner fin a la «inhibición general» que rige actualmente y que le impide vender o gravar el conjunto de sus bienes, incluidas su cuentas bancarias.
La denuncia es «verosímil»
Al fundamentar el rechazo de la apelación interpuesta por la defensa de Luis Mazurier, Funes Palacios coincidió con el Juez de Garantías Darío Perroud en reconocer que la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal cumple con «el presupuesto» de la «verosimilitud» y que existe una «correlación entre la medida cautelar» dispuesta -la inhibición- y el objeto en juicio».
Pero el magistrado hizo lugar a uno de los argumentos de la defensa de Luis Mazurier: la falta de una cuantificación del presunto perjuicio al Estado que habría provocado. «Al no tener establecida una cuantía, podemos ver que la medida puede ocasionar una situación de daño, de la que será difícil salir sin saber una estimación del monto», explicó Funes Palacios.
Es por ello que consideró «racional, limitador y ajustado» que la inhibición general de bienes no se extienda de manera indefinida sino que tenga un plazo de 5 meses, durante los cuales el Fiscal Aníbal Lafourcade podrá estimar, de manera aproximada, el monto del perjuicio a las arcas públicas, y los imputados ofrecer bienes que cubran la cifra en cuestión.
La Fiscalía se «victimizó»
En un tramo de su exposición, Funes Palacios deslizó una crítica hacia el Ministerio Público Fiscal. Según el juez, Lafourcade se «victimizó» al exponer las dificultades que afrontó para que le respondieran los oficios. «Si no le contestan los oficios, el Ministerio Público Fiscal tiene todas las capacidades para pedir el uso incluso de la fuerza pública para hacer cumplir sus requerimientos. No lo digo yo, lo dice el orden procesal. Y entonces no puede ser víctima de que los oficios demoren tiempos asombrosos en un sistema procesal que debe ser tan ágil», planteó Funes Palacios.
El magistrado también cuestionó que la imputación no incluyera al menos un cálculo aproximado del perjuicio que se habría ocasionado al Estado. «Podría el Ministerio Público Fiscal, sin un esfuerzo relevante, tener no una determinación pero sí no una estimación. Y una estimación significa, en un porcentaje de razonabilidad, cuánto pueden haber sido los ingresos del Hotel, de la Tortuga Alegre y de todo lo que significó el Perilago» explicó Funes Palacios.
Por qué está imputado Mazurier
En síntesis, en la causa hay 4 hechos y 3 imputados.
En todos los hechos, el Fiscal identifica como el autor a Luis Mazurier, mientras que en uno de ellos entiende que colaboraron, como partícipes necesarios, Cintia del Rosario Mengeon y Alberto Jesús Villanueva.
El segundo hecho es similar al primero, o sea la apropiación de fondos, pero esta vez en el Complejo Termal Perilago de Salto Grande, que engloba a las termas de Ayuí y de Punta Viracho. El expresidente de la CODESAL, con rango de ministro, y a su vez Director del Diario El Sol de Concordia, es acusado por haberse apoderado del dinero que se cobraba por canon de ingreso de personas y por cualquier otro concepto, entre los años 2010 y febrero de 2016.
En el tercer hecho, la Fiscalía entiende que Mazurier, de manera premeditada y con el claro propósito de facilitar la apropiación de los fondos que ingresaban en el organismo estatal bajo su responsabilidad, «incumplió con la obligación de inscribir en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la Corporación del Desarrollo de Salto Grande (CO.DE.SAL)».
Y por último, en el cuarto hecho, el fiscal acusa a Luis Mazurier; Cintia del Rosario Mengeon, que tendría dos hijos con él y es empleada-socia de El Sol; y Alberto Jesús Villanueva, encargado de las cantinas del lago, por haberse apropiado indebidamente del hotel Ayuí.
El Fiscal le atribuye a Mazurier el carácter de autor de la maniobra y las otras dos personas el papel de partícipes necesarios.
La Fiscalía tiene por cierto que Luis Mazurier omitió «deliberadamente asumir desde la CODESAL la administración del HOTEL AYUÍ, conforme se estableciera en el convenio celebrado entre la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos», y se aprovechó de tal circunstancia, abusando de su función, para apoderarse «ilegítimamente de todos los montos percibidos fruto del alquiler de las habitaciones de dicho hotel, conducta que llevó adelante por intermedio de Cintia del Rosario Mengeon, quien gerenciaba el hotel, y Alberto Jesús Villanueva, quien oficiaba de presta nombre».
