El caso denunciado por el intendente de Larroque puso a la vista de todos los mecanismos de sobreprecio que rigen en la obra pública entrerriana. La punta del ovillo para descorrer el velo sobre una práctica arraigada en la política.
Por Adrián Pino
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– Hola, está por salir a licitación una obra grande para pavimentar la ruta «x». Te voy a pedir que ofertes menos de 80 millones así te la podemos adjudicar.
– Ok, tomo nota. ¿cómo hacemos con la diferencia?
– 50 y 50: van a ser unos 20 millones seguramente. Todavía no tengo el monto oficial, pero no creo que te cueste más de 60 millones.
– Ok, después ajustamos los detalles personalmente. Voy a avisar a la otra empresa que oferte por encima del monto oficial. La última fue para ellos, así que esta vez nos toca a nosotros.
– Listo, nos vemos.
– Nos vemos.
El diálogo pertenece a una conversación típica entre un funcionario y un empresario beneficiario de la obra pública. Como se lee, los términos de los acuerdos están claros para ambas partes y nadie se asombra de la conversación.
Los «retornos»
Seguramente, para el ciudadano de a pie que se mantiene alejado de estas prácticas típicas de la corrupción, la situación suene escandalosa y requiera algunas aclaraciones.
En primer término, la conversación evidencia el primer paso de la ruta de la corrupción: el empresario se entera mucho antes de la decisión de licitar una obra determinada. Eso le otorga el tiempo necesario para preparar toda la documentación que se requiere, y arreglar con el resto de las empresas que podrían competir por la misma obra.
– Hola, está por salir a licitación una obra grande para pavimentar la ruta «x». Te voy a pedir que ofertes menos de 80 millones así te la podemos adjudicar.
Además, el empresario también sabe cuánto será el presupuesto oficial, lo que le permite ajustar la propuesta de costos a las «necesidades» requeridas por el funcionario que, incluso, le adelanta una estimación respecto al «sobreprecio» que se va a estipular.
– Ok, tomo nota. ¿cómo hacemos con la diferencia?
Con absoluta naturalidad, el empresario ya sabe que de esa diferencia entre el valor real de la obra y el valor oficial, habrá que «devolver» una parte al socio estatal.
En esta ocasión, el reparto resulta equitativo y el monto, aunque elevado, tampoco es exorbitante para los sobreprecios que se manejan en las grandes licitaciones.
– 50 y 50: van a ser unos 20 millones seguramente. Todavía no tengo el monto oficial, pero no creo que la obra cueste más de 60 millones.
La mitad del sobreprecio para el grupo empresario ($10 millones), la otra mitad para la «caja negra» de la política ($10 millones). Ello no implica que el excedente quede en manos del funcionario encargado de comunicar la operación. En general, hay un «socio» con más poder que pretende quedar desvinculado de la operatoria, pero es quien administra los fondos resultantes de la maniobra. El destino, compartido: una parte de esos $10 millones se reparten para dejar contentos y callados a los socios necesarios; otra parte para la cuenta personal del/los funcionario/s involucrados.
– Ok, después ajustamos los detalles personalmente. Voy a avisar a la otra empresa que oferte por encima del monto oficial. La última fue para ellos, así que esta vez nos toca a nosotros.
Nada de qué asombrarse. La cartelización del sector empresario de la obra pública es una realidad desde hace años. En lugar de competir entre sí, las empresas se reparten las obras públicas en connivencia con el poder político para que nadie quede fuera del negocio.
Las principales firmas se reparten el territorio provincial (unos mandan en la costa del Uruguay, otros mandan en la costa del Paraná). A su vez, en cada región las empresas pactan entre sí quién se encargará de cada obra y acuerdan presentar montos diferenciales en las licitaciones para garantizar que el ganador sea la empresa correspondiente, bajo la aparente «competencia».
¿El principio del fin?
La denuncia pública y judicial del Intendente de Larroque (Entre Ríos), Darío Benedetti (Cambiemos), respecto a la existencia de un enorme sobreprecio en una obra de pavimentación de su municipio, puso el tema bajo la lupa. Benedetti denunció que se había acordado pagar $21,6 millones por 14 cuadras de asfalto cuando las pericias técnicas y la Auditoría que encargó el nuevo Intendente arrojaban que los trabajos requeridos no cuestan más de $5,4 millones. Es decir, más de $16.000.000 de sobreprecio. Un escándalo. (Para más información sobre la denuncia, hacer clic aquí)
Como en todo acto sospechado de corrupción, la maniobra involucra una pata empresaria que ejecuta la obra y factura el sobreprecio, y una complicidad del poder político que dispone los instrumentos legales necesarios para que la obra se pague muy por encima del costo real.
El efecto dominó que provocó la denuncia del caso de la localidad entrerriana de Larroque ya muestra a otros intendentes de Cambiemos tomando acciones similares. Así lo hizo el intendente de Chajarí, que denunció esta semana que el pavimento presupuestado en su localidad tiene un valor inferior al que ejecutó su antecesor en 2013, por el que se pagó un 26% más, a pesar de tratarse de obras idénticas.
El caso, que también está en manos de la justicia, tiene todos los elementos necesarios para poner al descubierto infinidad de maniobras similares que se han llevado adelante en todos estos años. La voluntad del Poder Judicial en avanzar realmente en las investigaciones podría determinar una oleada de denuncias de casos de sobreprecios que se han dado a lo largo y lo ancho de todo el país.
Y dos consecuencias: empresarios y funcionarios corruptos presos; y nuevos estándares de transparencia y control para evitar maniobras en el futuro inmediato.
El resultado, aunque evidente, no es fácil de imaginar dado que lo que está en juego es nada menos que la principal vía de financiamiento de la política: los «retornos» de la obra pública.
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