Lo denunció el ex convencional constituyente Juan Carlos Arralde, en alusión a la Ley 10015, del año 2011. Consideró que el de Micaela fue «un crimen evitable». Reclamó «ajustar el mecanismo de designación de jueces».
«Me pregunto por qué razón el Gobierno no reglamentó la Ley 10.015 sancionada en el año 2011 que creó un ‘Registro de Violadores’ que almacena datos sobre la identidad y genética de los condenados por delitos sexuales», recordó el ex legislador, haciendo alusión a la Ley provincial de «Registro de Defensa de la Integridad Sexual», sancionada hace ya 6 años y que crea un Banco o Registro de Datos Genéticos de autores de delitos contra la integridad sexual, que debe contar con datos de identidad, físicos, pena recibida por el delito juzgado, antecedentes judiciales, fotografías y muestras de ADN del reo que debieran destinarse a un sitio de Internet que puede ser consultado por la gente.
Esa norma está vigente pero no es operativa, porque el Poder Ejecutivo jamás la reglamentó, de modo que en los hechos es letra muerta.
«Nos espantamos luego de que suceden estos horrores, pero quienes deben estar delante de los hechos, anticiparse a lo que pueda suceder, a prevenir estas atrocidades no cumplen la función: luego son los primeros en solidarizarse con las familias de las víctimas. ¿Cuántas violaciones o asesinatos más debe soportar la sociedad para que el Estado haga algo? Pintarnos la cara o salir a ocupar plazas gritando NI UNA MENOS no alcanza si el Estado no se hace cargo de una de sus funciones críticas: prevenir y reprimir el delito?, afirmó Arralde.
«Otra vez el Poder Judicial en la mira, por hechos que lo señalan directamente. Es hora de ajustar el mecanismo de designación de jueces para consensuar como sociedad qué perfil de Jueces buscamos, qué Justicia necesita la provincia, qué modelo de magistrado está a la altura de los requerimientos de una sociedad cada vez mas demandante», señaló el ex legislador.
