La connivencia entre los funcionarios estatales y los empresarios privados provoca el vaciamiento de recursos naturales de la provincia no renovables, con un fortísimo impacto ambiental y social.
El yacimiento petrolífero de Vaca Muerta es un importante generador de empleo en el país, pero también deja vetas abiertas para negociados millonarios.
Uno de ellos tiene su origen en la provincia de Entre Ríos, en donde es posible encontrar el tipo de arena necesaria para el proceso de fractura, que tiene una densidad de 30-70, una particularidad que permitió un negociado millonario entre privados y funcionarios estatales.
Es que las autorizaciones necesarias para la explotación de este recurso natural que posee la provincia son otorgadas por los funcionarios para un selecto grupo empresarial, que no deja ni un peso al Estado.
La principal explotadora es la empresa Arenas Argentinas del Paraná, del empresario belga Pieter Jan De Nul, cuyo nombre aparece en los cuadernos de la corrupción y está bajo investigación, además de integrar el consorcio de la neurálgica Hidrovía nacional y quiere presentarse en la licitación para extender el contrato más allá de 2021.
Alrededor de 200 mil toneladas de arena por año se procesan de diferentes puntos de la provincia, los más importantes ubicados en Ibicuy y en Diamante, en donde Arenas Argentinas del Paraná instaló una planta de procesamiento en 2017.
Para tener una comparación, mientras que en el corralón un metro cuadrado (1,5 toneladas) de arena para construcción sale unos 250 pesos, la arena para fracking se vende en bolsones llamados big bag a 200 dólares la tonelada, sin dudas, un negocio redondo.
En definitiva, unos 3,5 millones de dólares mensuales ingresan a las arcas de esta firma, pero si a eso se suma que parte de la arena recolectada se vende a la empresa Loma Negra, la cifra asciende a unos 4 millones de dólares por mes.
Según los protocolos de YPF, en cada pozo necesita alrededor de 3.000 toneladas de arena para garantizar que el crudo o el gas lleguen a superficie.
En un principio, cuando comenzaron las explotaciones de Vaca Muerta, la mayor parte de la arena era importada, lo que elevaba los costos de producción enormemente ya que se llegaron a pagar hasta 1000 dólares por tonelada.
Sin embargo, el mercado interno se desarrolló y permitió reducir la cantidad de material que se importa a sólo el 10%, que proviene de Estados Unidos, China y Brasil y no es un su mayoría arena en sí, sino finas partículas de cerámica que por su mayor dureza se utilizan en la última etapa de la fractura de un pozo.
A razón de una extracción de 200 mil toneladas por año, a 200 dólares cada una, la renta sería de poco menos de 3,5 millones de dólares mensuales para los empresarios.
El precio de 200 dólares por tonelada incluye la extracción, el procesamiento y el transporte.
Desde 2019, a cargo de la secretaría de Minería de la provincia estaba Diego Bosso, oriundo de Rosario pero radicado en Bahía Blanca, licenciado en administración, capitán de ultramar y magíster en transporte y logística.
Era Bosso el encargado de autorizar o negar la extracción de arena a los privados, lo que, tratándose de un negocio millonario, le otorgó amistades y le generó enemigos.
Fue por eso que, cuando Bordet asumió su segundo mandato, hubo fuertes presiones para sacar al rosarino del cargo y quitarle el manejo de este millonario negociado, lo que finalmente terminó ocurriendo, a pesar de que contaba con la bendición de José Laporte.
Paralelamente, se armó una pelea por otra área neurálgica, la secretaría de Energía.
Más allá de eso, el manejo del negocio de la arena estaba en el centro de las pujas en cuanto a la secretaría de Minería, ya que deja a los privados alrededor de 3,5 millones de dólares mensuales, que con lo vendido a Loma Negra asciende a 4 millones de dólares por mes.
Todo esto, sin mayores aportes al Estado entrerriano, a pesar de que se vacía un importante recurso natural no renovable, ante un poder Ejecutivo que lo avala y permite.
Aunque en la provincia parece que la arena no se terminará nunca, lo concreto es que su explotación indiscriminada provoca un serio impacto ambiental a corto y a largo plazo.
Por un lado, la remoción de los sedimentos en el lecho del río perjudica el desarrollo de la vida de las especies acuáticas y, por el otro, la extracción de la arena acelera la erosión de las costas y propicia inundaciones.
Sin embargo, un selecto grupo de privados, en connivencia con funcionarios públicos provinciales que digitan autorizaciones desde sus oficinas, lleva adelante un negocio millonario que puede traer gravísimas consecuencias en una provincia rodeada y atravesada en casi toda su extensión por cursos de agua.
Próximamente se radicaría una denuncia judicial con el fin de que se investiguen las responsabilidades y consecuencias de una explotación que no tiene prácticamente ningún control ni regulación en la provincia, a pesar de que se trata de una problemática que conlleva numerosas secuelas medioambientales y sociales, mientras el Ejecutivo provincial es cómplice.
El Portal de Ricardo David
